Los piratas del asfalto buscan nuevos botines

Preocupa el crecimiento de la violencia en los casos de piratas del asfalto. 

Los piratas del asfalto, por lo general, son delincuentes de escasa violencia; con cabecillas de banda de más de 40 años de edad y largos prontuarios, buscan robar, descargar e irse. Puede ser que se escape un disparo ante un gatillo sensible, algún amedrentamiento a gritos y punta de pistola. Lo que ocurrió el 9 de noviembre último en González Catán dista de la norma.

A metros de la calle Simón Pérez sobre la colectora de la ruta nacional 3, un chofer y un custodio de la empresa Nobleza Piccardo a bordo de una camioneta Renault Kangoo con 3345 paquetes de cigarrillos fueron interceptados por cuatro individuos a bordo de un Peugeot 206. Uno de ellos bajó con un arma y obligó al conductor a descender: la Kangoo, cubierta con un ploteo de la empresa, fue transportada a pocas cuadras. Sospechosamente, la esperaba otra camioneta Kangoo, esta vez sin identificación de Nobleza Piccardo, para trasladar el cargamento; el nuevo vehículo, perteneciente a la empresa Benito Roggio Ambiental, tenía pedido de captura hace tres días. Un vecino vio la maniobra y alertó a policías del CPC bonaerense.

Poco después, comenzó una persecución que terminó con un choque donde sonaron los primeros disparos y una huida a pie. Dos de los delincuentes se escondieron en una ligustrina para ser descubiertos. El que portaba el arma, separado y acorralado, amenazó primero con suicidarse. Luego, tomó de rehén a una niña de 6 años, la nieta de un anciano que cortaba el pasto en la vereda, para encañonarla y luego soltarla. Se acercó demasiado a un policía, amenazándolo a gritos a punta de pistola. El policía le disparó tres veces para enviarlo a un hospital de la zona.

El caso está cargo del doctor Adrián Arribas, a cargo de la fiscalía especializada en piratería del asfalto de La Matanza y un veterano de este tipo de investigaciones. Arribas dijo a Infobae: “Antes la intimidación es sacar un arma y apuntar. Ahora se va al culatazo en la cabeza directamente; ya te pegan. Antes no era así. El que hace piratería casi nunca se mete en un tema de homicidio. Se dedican a la carga y se van. Cuando hay un muerto, le escapan. Los piratas del asfalto están más violentos”.

No fue el único hecho reciente para la tabacalera Nobleza Piccardo, una de las empresas más castigadas por las bandas dedicadas al robo de mercadería. Arribas trabaja en un caso de una camioneta de la firma que fue robada reiteradas veces; la venta de datos a cargo de un empleado desleal es la principal hipótesis. Lo ocurrido en González Catán tampoco fue el único hecho marcado por la violencia.

A fines del mes pasado, Luis Galleguillo, un custodio de 43 años, terminó muerto de un disparo en el pecho en General Paz y Superí, cuando cuatro hombres intentaron robar un camión Ford Cargo de la firma Brion SRL que transportaba telas. Se llevaron de rehén al custodio del vehículo, que intentó socorrer a su compañero mientras moría. El Ford Cargo fue encontrado luego en Munro, con la mercadería en su interior. El miércoles último en Vicente López, cerca del Unicenter, personal de la CDI local y piratas del asfalto que intentaban asaltar un camión se trenzaron a tiros, creando un caos en el tránsito. El mes de diciembre, afirmó Arribas, suele representar un repunte de la actividad: “Los delincuentes se animan a más. La norma es robar camionetas y utilitarios, pero también avanzan sobre camiones”.

Pocos días antes del ataque en Vicente López, más de cien nombres de peso se reunieron en un salón de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. El objeto fue una nueva cita de la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones, creada y coordinada por los abogados Gabriel Iezzi y Víctor Varone, especialistas en derecho penal empresarial, dedicada a monitorear el delito y vincular al sector privado con la Justicia y los organismos de seguridad para articular políticas más eficientes. Fue al menos convocante. Hubo ejecutivos de Nobleza Piccardo, por ejemplo, fiscales como Arribas y sus diez colegas especializados en piratería del asfalto que dependen de la Procuración bonaerense, fiscales como Cristina Caamaño -hoy a cargo de las escuchas judiciales en la DICOM-, Ricardo Pedace, número dos de la Policía Metropolitana o funcionarios como Gabriel Caviglia del Ministerio de Seguridad en la calle Gelly y Obes.

La Mesa estableció sus números: casi 1400 casos en un año, entre el 1º de agosto de 2014 y el 31 de julio del corriente, casi 4 hechos por día. El 20% de los ataques ocurre en Capital, con bebidas y alimentos como el rubro favorito. Caviglia dio los últimos números para las fuerzas federales: 48 asaltos en septiembre, 44 en agosto. En la jurisdicción de la Comisaría Nº36, que incluye a la autopista Dellepiane, seis camiones fueron atacados el mes pasado. El delito hizo ajustes, según afirmó el funcionario: se acortaron los tiempos de los robos y las bandas no alcanzan a llevarse toda la mercadería.

El delito, con los años, fue mostrando una reducción gradual. Es una regla no escrita que no se roba lo que no está vendido de antemano, por otra parte. Y en la piratería del asfalto, lo que muta son sus objetivos y sus formas.

El abogado Iezzi afirmó: “Ciertamente en los dos últimos hechos que mediáticamente que se conocieron se vio una nivel de agresión que no es habitual en nuestro país, pero sí en países vecinos como Brasil, en un delito organizado y llevado adelante por un perfil de delincuentes profesionales de entre 30 a 50 años, con antecedentes penales, armados, y la ‘mano de obra’ conocida como ‘gatilleros’, que también es utilizada para otros delitos como robo de autos, narcotráfico, etcétera”. Varone completó con un punto interesante: “Es importante aquí el contacto oficial a través de los servicios penitenciarios para conocer las libertades de condenados o procesados por este delito, ya que vuelven a la misma. Las bandas se reagrupan periódicamente, los ‘empresarios’ del delito rara vez son conocidos y detenidos al trabajar en células, y no permitir el contacto entre los autores directos de los hechos y la cúpula”.

Se escucharon críticas en la reunión de la Mesa. Varios fiscales, por ejemplo, apuntaron a un mejoramiento de las cámaras, que en ocasiones no permiten ver las patentes de los autos involucrados, falta de personal policial específico o tareas policiales insuficientes. El comisario mayor retirado Pedace apuntó que, en el caso de la Ciudad, hay 2000 cámaras para cubrir 203 kilómetros, que el problema es la capacitación de quien observa esas cámaras y la mayoría de los observadores no está capacitada, por lo que Policía Metropolitana dará instrucción a PFA y a la Bonaerense de cara al traspaso de fuerzas en el nuevo gobierno.

Varone aportó ideas en consonancia con los reclamos de los fiscales: “Se podrían crear fiscalías especializadas en la esfera de la Ciudad, en Provincia en San Isidro y San Nicolás, acorde al mapa delictivo, robustecer áreas de investigación y prevención de áreas especificas de PFA y la Bonaerense; incrementar también personal en las DDI correspondientes a las zonas con mayor índice de hechos”.

Iezzi agregó: “Se podría también tipificar en el Código Penal el uso de inhibidores de señales como agravantes en las calificaciones”. Ese es otro problema frecuente: los inhibidores de señales son empleados por la totalidad de los ladrones de camiones. Generalmente traídos desde China, fácilmente operables y con un precio de 100 a 400 dólares en el mercado negro, anulan cualquier emisión satelital desde el camión asaltado, sea de un pedido de ayuda vía un botón de pánico o para bloquear el monitoreo.

Los cuatreros tóxicos de la ruta 7

El doctor Pedro Illanes, fiscal de Mercedes y el secretario Federico Zoccali están acostumbrados a otra modalidad en su territorio surcado por las rutas 7 y 41, el robo de camiones de gran porte en vez de camionetas. Para esto, la banda, equipada con un inhibidor de señales, contrata a un cómplice específico: un camionero con experiencia que sepa manejar el vehículo. El camionero suele ser el eslabón más expuesto, el primero en caer y el punto de partida de la investigación. El foco giró: pasó de la ruta 7 a la ruta 6 a la altura de Luján, quizás menos controlada, con tramos más desolados, quizás también por la migración de bandas, con el robo de camiones cargados de alimentos provenientes de Mendoza o San Luis. Es una logística compleja; se necesita un “piso”, un lugar de descarga de la mercadería robada y una organización de seis personas por lo general.

Cada robo implica un mercado. En su despacho, Illanes vio aumentar en los últimos tiempos un rubro de material robado que apareció a lo largo de la última década: no alimentos ni cigarrillos, sino agroquímicos. El glifosato hoy alcanza un valor de mercado de 4,5 dólares, un aumento drástico con respecto a los 3,9 que marcó en 2013. Ese año, según CASAFE, la cámara que agrupa a las empresas del mercado agroquímico, se vendieron 182 millones de litros de glifosato. Un mercado negro se vuelve algo obvio. Illanes y Zoccali detectaron a una nueva banda que se dedica a cometer robos en la zona de Luján, con cinco hechos recientes en la zona. Con tareas como seguimiento de rastros satelitales, lograron ya un imputado e identificaron un “piso” de descarga, con puntos como Las Heras y Marcos Paz.

Hubo golpes con cargas notables que resultaron un fracaso: el 15 de julio pasado, robaron un camión en el cruce de la Ruta 6 y el Acceso Oeste. Liberaron al chofer en Mataderos, pero el camión fue encontrado no muy lejos de donde fue robado. Tenía la carga completa en su interior: 15360 litros de agroquímicos varios.

Fuente: Infobae

 

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